lunes, 20 de agosto de 2007

Hacia el empoderamiento de las mujeres

De IEPALA. Comunicación y Derechos Humanos
Área Género y Desarrollo

Afrontar el análisis de la realidad desde la perspectiva de género aporta al conocimiento de las relaciones histórico-sociales una categoría de tal calibre que abre posibilidades inéditas al desenmascaramiento de las relaciones económicas, ideológico-políticas, culturales... en las que se ha fraguado, a lo largo de la historia, la vida y las relaciones de poder y subordinación que, ancestralmente, vienen padeciendo las mujeres frente a los hombres, a partir de los roles que les ha tocado jugar, construidos socialmente en y desde el contexto que les ha tocado vivir.

Si bien el desvelamiento aportado por la categoría de género ha supuesto, en sí mismo, una de las mayores aportaciones al conocimiento de las relaciones sociales y la capacidad de dimensionar, en toda su profundidad, la naturaleza de la problemática planteada a las mujeres, así como el diseño de estrategias para la construcción de una nueva realidad; también es cierto lo que el Informe de DAWN[1] identifica a finales de la década de los ochenta:
"el promover la igualdad de género implica un profundo cambio en la organización socioeconómica de las sociedades: no sólo en la manera en que las mujeres trabajan, viven y cuidan a los otros miembros de la familia, sino también en la manera en que sus respectivos papeles dentro de la familia y de la comunidad están articulados con la necesidad de ganarse la vida"
La magnitud y profundidad del problema planteado en todos los escenarios -internacional, nacional, local-, en todas las áreas -económica, política, social, ideológica y cultural- en todos los ámbitos -el público y el privado-... expresan la complejidad en la que este concepto, ha sido acuñado, a lo largo de la historia, desde dentro del entramado que conforma dicha realidad.

Y todo ello conduce a un balance cargado de claroscuros:
En una bandeja de la balanza podríamos colocar muchos elementos altamente positivos:
Medidas legislativas.
Discriminación positiva en materia de participación política de las mujeres (cuotas).
Reconocimiento de los derechos de las mujeres desde el concepto de los nuevos derechos humanos.
Involucración del Estado en la salvaguarda de los derechos humanos en el ámbito de lo privado (violencia de género).
Acceso a la educación; a la salud -general y reproductiva-.
Creación de mecanismos de igualdad para el diseño de políticas públicas.

A los que hay que añadir dos de los avances, tal vez, de la mayor significación en el proceso de lucha por la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres:
uno es el propio desarrollo del movimiento de mujeres y su capacidad de articulación; el desarrollo de herramientas e instrumentos para la investigación y el seguimiento de políticas; la elaboración de propuestas para la incidencia política y la implementación de estrategias de loobying, de advocancy, de mainstreaming...,
el otro viene identificado por la formulación y aceptación generalizada de una de las estrategias clave para conseguir la igualdad de género: la "transversalidad de género" -desde la comprensión de la realidad como una totalidad, compleja e interdependiente-, entre todos los estamentos de la sociedad, -aunque su aceptación generalizada esté cargada de contradicciones, al poner en cuestión, por parte de algunos, entre otras cosas: la vigencia de la discriminación positiva de las mujeres y las propias políticas específicas de género-.
No deja de inquietar, sin embargo, la persistencia de la dureza de los datos que nos aproximan a la realidad que las mujeres padecen en el mundo, descarnadamente puestos a la intemperie en los países más pobres del planeta en los que la feminización de la pobreza pone al descubierto la úlcera que no se cierra... Y la ardua tarea de lo que está por hacer para la construcción de una sociedad en la que la igualdad de género y la equidad se den, en estrecha correspondencia con el derecho al desarrollo humano y sostenible y todos los nuevos derechos humanos reconocidos desde la Conferencia Mundial de Viena y posteriormente de Beijing.

A este respecto resultan, a modo de ejemplo, algunos de los datos reveladores:
en Uganda, una gran parte de la población -al menos el 44%- vive en la absoluta pobreza. De ese porcentaje, la mayoría pertenece a zonas rurales, principalmente granjeros y granjeras, de los cuales un 75% son mujeres.
En los países del Caribe los efectos de la globalización y los mecanismos internacionales de intercambio, han ocasionado impactos adversos en la economía que, a su vez, acarrean una disminución de los servicios básicos para la ciudadanía y se traducen en violencia doméstica contra las mujeres.
En Jamaica la imposición de las políticas neoliberales sobre la mujer y los efectos de la adopción de la globalización como un imperativo de desarrollo produce efectos tales como: aumento de la pobreza entre las mujeres, aceleramiento de la migración y de la separación de las familias, gran incidencia en la violencia contra la mujer, incremento del número de personas que contraen SIDA.
En América Latina las mujeres suponen entre el 70 y 90% de las personas asalariadas en las zonas de exportación -donde se montan piezas electrónicas, o se cosen prendas textiles. Las compañías transnacionales prefieren mujeres para realizar este tipo de trabajo porque éstas aceptan salarios más bajos que los hombres y porque, ante la inexistencia de otras alternativas, están dispuestas a trabajar en peores condiciones. De hecho, muchas trabajadoras ganan tan sólo 56-77 céntimos por hora y, a menudo, trabajan entre 50-80 horas a la semana.
Informes de la FAO recogen que en América Latina la pobreza rural se concreta en que más de 90 millones de agricultor@s viven por debajo de los umbrales de pobreza, mientras que 47 millones viven en extrema pobreza. En este contexto el Informe señala que, en 8-10 millones de hogares las mujeres son cabeza de familia, entre dos y tres millones de mujeres están empleadas en trabajos temporales y entre 30-40 millones son responsables de la actividad agrícola, de su hogar y de pequeñas industrias rurales

Frente a la brecha de la desigualdad, algunos de los factores identificados para encararla podrían ser los siguientes:
Implementación de los presupuestos necesarios para hacer operativos los acuerdos y compromisos establecidos en el marco de las políticas públicas de género, de transversalidad de género y erradicación de la pobreza (creación de infraestructuras, equipos, proyectos de género y desarrollo, recursos humanos...).
Creación de los mecanismos y herramientas metodológicas necesarias para llevar a la operatividad y dar seguimiento a los acuerdos de los Estados en las Cumbres Mundiales y hacer vinculantes sus compromisos.
Profundización en las relaciones y acuerdos entre las agencias financiadoras e instituciones políticas y la sociedad civil, creando auténticos espacios de articulación para la elaboración de propuestas y políticas.
Profundización en las relaciones y trabajo en red entre el movimiento de mujeres y las organizaciones y redes de cooperación al desarrollo sostenible y de lucha por la protección de los derechos humanos.
Capacitación en profundidad sobre la categoría de género y la estrategia de transversalidad de género, tanto en el marco de la sociedad civil, como de organizaciones de mujeres y de las diferentes instancias de las administraciones públicas -centrales, autonómicas y locales- responsables de implementar las políticas de igualdad de mujeres y hombres.
Institucionalización del derecho a una participación igualitaria de las organizaciones de mujeres, en las negociaciones económicas como contribución a mejorar la dimensión de género de la práctica democrática.
Junto a los límites señalados cabe hacer referencia a la constatación del hecho social y cultural que nos lleva a reconocer que "... dentro de este contexto, tenemos una sociedad civil que aún presenta rasgos antidemocráticos en la cual la igualdad de género no se ha implantado profundamente como un valor". La transcendencia de este diagnóstico viene marcado de la aportaciones hechas al debate sobre la transversalidad de género recogidas dentro del punto 2.1. "El compromiso feminista":
La democracia no es sólo una cuestión de cuan bien funcionan las instituciones, sino la capacidad de tener una vida democrática más amplia. Esto depende crucialmente del carácter de la sociedad civil en sí misma, y de la medida en que ésta abrace los principios democráticos y la justicia de género.
Y a todo ello se le añade la necesidad de que ningun@ de nosotr@s olvidemos -desde nuestra representación institucional, nuestra pertenencia grupal o nivel personal-, mujeres y hombres, que todas y todos tenemos un reto, desde lo más hondo de nosotr@s mismos: el de interiorizar y traducir en nuevas actitudes y comportamientos la visión holística y de género que intelectualmente y poco a poco vamos aprehendiendo de la realidad, pero que, hasta no hacerla semilla de transformación de nuestra propia manera de estar y ser en la vida y en nuestras relaciones frente al otro/la otra..., no habremos contribuido objetiva y subjetivamente a ser anunciantes de lo nuevo, de lo que está por venir, de ese otro mundo posible soñado... Porque, como se expresa en el apartado "Incluso los hombres tienen género, son un género":
Este asunto no se refiere sólo a palabras y conceptos, se trata de percepciones y entendimientos que conciernen a las relaciones de hombres y mujeres en la sociedad y en la cultura. Se trata del reconocimiento de que los hombres también tienen "género", el cual influye en todos sus pensamientos, sus actitudes y sus comportamientos.
El debate y la invitación a la reflexión están abiertos. Este número de WIDE nos acompañará en el proceso.

IEPALA. Comunicación y Derechos Humanos
Área Género y Desarrollo
Tomado de http://wide.gloobal.net/wspa/wide15/editorial.htm