Las Mujeres y el Poder
Si se define el poder como la capacidad y poder de decisión para realizar acciones o hacer que otras personas las cumplan, es decir, la capacidad de llevar adelante proyectos y planes en relación a los demás, es evidente que aún las mujeres no alcanzaron este lugar en la sociedad y continúan relegadas de la toma de decisiones. Todavía sigue vigente el mito del aparente desinterés de las mujeres por el poder público: el paradigma femenino del poder sería el poder "oculto", un poder ejercido entre bambalinas para lograr que los hombres satisfagan sus deseos. Este mito es un instrumento para mantener a las mujeres en el lugar de sometimiento. La política aparece como asunto del hombre fuerte, activo, emprendedor mientras que a la mujer la siguen caracterizando por las virtudes de la indefensión: la fragilidad, la ternura, la sensibilidad exacerbada.
El problema reside en cómo accede la mujer al espacio público. El aparente desinterés de las mujeres por la política no explica la ausencia de ellas en lugares de decisión. La caracterización de la política como una esfera masculina es la principal barrera para la incorporación de las mujeres a sus actividades y organizaciones. Para entender la especificidad de la participación política femenina hay que partir de la división sexual del trabajo y sus consecuencias al delimitar un ámbito público propio de los hombres y un mundo privado femenino.
La división entre lo privado y lo público articula las sociedades jerarquizando los espacios: el espacio que se adjudica al hombre y el que se adjudica a la mujer. Cuando una actividad se valora, se hace pública, tiende a masculinizarse y a hacerse reconocer. Y esto está relacionado con el poder. El poder tiene que ser repartido, debe constituir un pacto, una red en la que se distribuyen espacios de poder entre individualidades. El espacio público es el espacio de los sujetos del contrato social, el espacio de los iguales. En cambio, el espacio privado es el espacio de la indiscernibilidad, el espacio de las idénticas.
Las mujeres tienen derecho a su parcela de poder y esto ya es revolucionario sin tener que asegurar a nadie que son la esencia de la paz o que son más buenas. La filósofa española Amelia Valcárcel se refiere a esto como el "derecho al mal" y es una propuesta muy provocativa contra los discursos moralizadores. Cuando se asocia el poder a la corrupción, la mujer aparece en este discurso como la no corrompida, entonces, por qué ensuciarse. La española Celia Amorós (Ver Bibliografía) reconoce la corrupción del poder pero esto no se elude con la no participación, con el no poder, sino que con la ocupación del espacio público como ciudadanas: "Reivindicar para la mujer la capacidad de pacto es lo más revolucionario que se puede reivindicar, porque la mujer siempre ha sido el objeto en el pacto patriarcal entre los varones -objeto de intercambio, mediadora del guiño simbólico entre varones-. En este pacto ellos se colocan como sujetos".
Universalizar el acceso al poder transforma las relaciones poder. Pero la democracia representativa no produce por ella misma la representación de una sociedad de individuos. Las acciones positivas en los lugares de decisión son las permiten avanzar hacia esa universalidad.
La doctrina de la igualdad formal no puede garantizar la igualdad real, dado que la realidad nos demuestra que las personas no están similarmente situadas. Las acciones positivas se basan en reconocer que, algunas veces, resulta necesario proveer a determinados grupos con instrumentos desiguales a los efectos de garantizar una igualdad real de oportunidades y de trato. Esto es especialmente relevante a los efectos de evaluar la legitimidad del sistema de cupos para mujeres en un contexto donde la discriminación de género y la jerarquía social son norma. A los efectos de erradicar desigualdades socialmente causadas, puede ser necesaria la adopción de programas reparadores para los grupos discriminados o en desventaja.
Marcela Rodríguez (En Mafia y Kuschnir, comp.,Ver Bibliografía) explica la justificación de las acciones positivas según distinto tipo de fundamentos: justicia compensatoria, justicia distributiva y utilidad social. Según la justicia compensatoria, las injurias pasadas originan un derecho a la reparación para quienes la han sufrido para restablecer la situación de igualdad que existía o que debía haber existido. Para la justicia distributiva, un individuo está autorizado a recibir los beneficios de un programa de acción positiva no porque la sociedad reconozca injusticias pasadas sino porque merece una porción mayor de los recursos de la comunidad. Por último, el sistema de cuotas proporciona un mayor grado de utilidad social, es decir, maximiza el bienestar de la sociedad en su conjunto en la medida que más intereses son representados. En conclusión, para Rodríguez "el sistema de cuotas en los partidos políticos es un mecanismo por el cual la sociedad podría cumplir su obligación de proveer de los instrumentos adecuados para que las mujeres puedan acceder al proceso político en una real condición de igualdad".
En los partidos políticos se da una división sexual entre militancia y toma de decisiones, es decir, que si bien las mujeres se integraron a la política no por ello lograron compartir el poder, debido a factores inherentes al funcionamiento de las instituciones. Aún sigue vigente una cultura política, un código de conducta masculino en los partidos políticos, que discrimina a las mujeres: horarios incompatibles con la vida familiar, mecanismos de competencia, agresividad, prejuicios, todos factores que las llevan a ocupar un lugar marginal desde el cual sólo se les delega la realización de tareas asistenciales, de tipo inmediato y cotidiano, y se las excluye de la planificación a largo plazo y de la negociación.
Para que las mujeres accedan al poder político no basta con la militancia sino que hay que acceder a "un savoir fair político", a un "know how", formado por conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y prácticas de liderazgo político que podrían facilitar el acceso a espacios de conducción política, de los cuales tradicionalmente las mujeres han estado apartadas.
Suele plantearse un dilema entre un hacer política diferente de las mujeres frente a las exigencias reales del poder y por ende, se escucha con frecuencia que las mujeres se alejan de los partidos porque no soportan la tensión. Este es uno de los mayores conflictos por los que pasan las mujeres que buscan la participación política: asumir que los masculinos espacios de poder no son para las mujeres o masculinizarse para llegar a ellos.
Pero el cambio de situación que permita a las mujeres participar en los niveles de decisión no se relaciona ni con su participación cuantitativa ni con sus esfuerzos realizados en los partidos políticos. Su marginación es la consecuencia de la vigencia de una concepción hegemónica a partir de la cual las mujeres y sus modalidades participativas, que difieren de los estándares dominantes, son desvalorizados. El incremento de su poder como grupo dependerá de su capacidad para desarrollar pactos y alianzas entre sí, del reconocimiento y aceptación de sus diferencias y de sus posibilidades de transformar su accionar político en hechos políticos.
Si bien la cantidad no garantiza el salto a la calidad, una minoría numerosa puede constituir una masa crítica importante que fortalezca la exigencia de ampliación de la presencia femenina en las instituciones políticas. Tratar iguales a desiguales no genera igualdad sino que ahonda las diferencias por eso es necesaria la discriminación positiva.
"Las mujeres cambian la política, no a causa de su sexo biológico, sino a causa de una larga historia, la de la reproducción. Quieren trabajar. Pero también quieren hijos: a escala de la historia, el control de las mujeres sobre su fecundidad aparecerá sin duda como una de las mayores rupturas. Los hombres se resisten, en todo caso en el medio político, a la intrusión de las mujeres, si no es en dosis pequeñas. Ellas no hacen sino perturbar la cultura del club, en la cual las picardías se tornan indecentes. Traen consigo cuestiones molestas", concluyen Bataille y Gaspard (Ver Bibliografía).
Entonces, ¿qué significa ser diputada mujer, gobernadora mujer?. No significa hablar en nombre de las mujeres, que son muchas y como tales no pueden ser representadas, sino hacer visible la diferencia sexual, pero no una diferencia que tome a lo masculino como referente positivo, sino desde las mismas mujeres. "Descubrirnos carentes de valor social es el primer paso para empezar a construirnos como seres valiosos: hay que pasar de la conciencia de la debilidad a la fuerza social", dice Marta Lamas (Revista Debate feminista. Ver Bibliografía).
Tomado del Instituto Social y Político de la Mujer, de Argentina http://www.ispm.org.ar/paridad/poder.html
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